El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas presentó en Ginebra un grave reporte sobre la situación, durante una conferencia de prensa que se realizó desde Suiza.
Entre los principales cuestionamientos figura la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación durante los últimos meses”. También se apuntó contra el cierre y reemplazo de ministerios y secretarías que velan por los derechos de los niños por organismos de menor rango. También se cuestionó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y el Ministerio de la Mujer, el aumento de casos de pornografía infantil y abuso sexual intrafamiliar, y la falta de mecanismos de denuncia y condena efectiva. Entre otras recomendaciones, se solicitó que se elimine la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública.
El informe tiene 17 páginas y es el examen de un largo ida y vuelta de información mantenido entre el Comité y el Gobierno argentino. De hecho, el reporte nacional (el séptimo que se presenta ante la ONU) fue elaborado por la administración anterior, con datos de la gestión anterior. Sin embargo, la presentación en Ginebra la realizó un funcionario de la gestión de Javier Milei: Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano y jefe de la delegación, que primero en febrero y después a principios de este mes tuvo un intercambio con las autoridades del comité. Allí, Scherrer Vivas manifestó que el informe del Estado parte reitera el compromiso de la Argentina de cooperar con el Comité para lograr el pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
Entre otros puntos, la delegación argentina señaló algunos datos que se presentaron como logros, aunque fueron alcanzados durante la gestión anterior, como la reducción de la mortalidad neonatal en un 50% con respecto al nivel de 2002. También destacó que el Gobierno argentino estaba realizando un gran esfuerzo por preservar los derechos de la infancia frente a la grave crisis socioeconómica y dio cifras sobre cómo se habían incrementado las partidas y asignaciones de distintos programas vinculados con la infancia.
En ese encuentro, Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo de País para la Argentina, dijo que la actual crisis financiera que enfrenta el país tiene un impacto en el presupuesto para niños y adolescentes. Recordó que siete de cada diez niños en la Argentina viven en la pobreza y el 14% vive en la pobreza extrema. “Más de siete millones de niños viven en la pobreza; esto es escandaloso. ¿Qué medidas se han adoptado para abordar esta crisis?”, preguntó.
La respuesta, según se publica en la página de Comité: “La delegación (argentina) señaló que la crisis económica afectó gravemente a diversas intervenciones estatales. En respuesta, el Gobierno seguirá ampliando las políticas públicas que benefician a los niños y adolescentes. La asignación universal para el cuidado de los niños se ha incrementado en un 3% en términos reales entre 2023 y 2024. Este beneficio beneficia a más de 4,5 millones de niños. El gasto en el programa de alimentación también aumentó en un 18% en términos reales entre 2023 y 2024. El Estado parte seguirá fortaleciendo la asistencia directa y abordando los problemas macroeconómicos que causan la crisis”, dice.
Durante el encuentro, los representantes del Comité hicieron distintas preguntas sobre los alcances de los programas y transmitieron su preocupación por el cierre de ciertas instituciones de protección de la infancia y del crecimiento de ciertas estadísticas; también se comprometió a analizar la información. La evaluación de todo ese proceso fue lo que se presentó hoy en Ginebra. Las conclusiones son lapidarias.
“El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía”, se lee en el informe.
El Comité señaló estar “profundamente preocupado por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación en los últimos meses”.
“El Comité recomienda que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y de los el impacto en los niños”, continúa el informe.
Y agrega que se requiere un compromiso específico en el presupuesto: recomienda que “vele por que las líneas presupuestarias para los niños de familias desfavorecidas o situaciones de marginación, en particular los niños con discapacidad y los niños indígenas, estén protegidos en el contexto restrictivo actual”.
Cuando las autoridades del Comité solicitaron información sobre la situación de niños con discapacidad, apuntó que las escuelas aún no eran inclusivas; tres cuartas partes de los niños con discapacidades asistían a la escuela en aulas separadas. También se preguntó qué se estaba haciendo para abordar estos problemas e incorporar en la legislación un concepto de discapacidad alejado del enfoque médico y más cercano al enfoque social de la discapacidad. La respuesta de la delegación argentina fue que “se está realizando un censo exhaustivo de los niños con discapacidad que necesitan acceso a las escuelas para fundamentar las políticas que promuevan su inclusión”, según se publicó en la página del Comité. Se trata de un reclamo que, desde hace años, vienen realizando familias y especialistas en discapacidad y hasta ahora no había noticias de que se fuera a concretar.
El informe de la ONU insta al Gobierno a “garantizar que los fondos asignados a todos los programas que apoyan la realización de los derechos del niño a nivel nacional, provincial y local se apliquen plena y eficientemente, que se reduzcan las desigualdades territoriales, incluidas medidas para erradicar corrupción en los procesos de contratación pública y el sobreprecio de los contratos para el provisión de bienes y servicios públicos”.
Cierre del Inadi y el Ministerio de la Mujer
“Tomando nota del Mapa Nacional de Discriminación y los programas implementados para prevenir y erradicar la discriminación contra los niños, pero preocupados por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) mediante decreto 696/2024, y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y su potencial impacto en la prevención de la discriminación, el Comité insta al Estado parte a garantizar la aplicación plena y efectiva en todas las provincias de las leyes que prohíben la discriminación y promueven la tolerancia, incluida la Ley 26.892 de 2015, promover la convivencia y abordar la conflictividad social en las instituciones educativas; a fortalecer las instituciones responsables de proteger y promover el derecho a la igualdad y la no discriminación, y a garantizar que la discriminación contra los niños sea abordado eficazmente”, dice el informe.
Uno de los apartados sobre discriminación y violencia reclama que se levante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo: se exhorta al Gobierno “A levantar la prohibición anunciada por el Presidente sobre el uso de un lenguaje inclusivo en la administración pública”, señala.
El informe del Comité también manifiesta su preocupación por el “aumento exponencial de casos de uso de niños en actuaciones y materiales pornográficos y grooming”. Por eso, insta a la administración nacional a “prohibir y sancionar expresamente el delito de compra y venta de niños en todas sus formas, incluso para fines de adopción”, apunta. Y propone que esta prohibición debe ser incorporada en el Código Civil y Comercial y en el Código Penal.
También le pide al Gobierno que “adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad”. Al respecto, durante las consultas, los representantes del Comité le preguntaron a la delegación argentina por una estadística que los preocupa. “¿Qué seguimiento se ha dado a las denuncias presentadas por los niños contra la policía?”, se inquirió en la reunión del 3 de septiembre. También, según se publicó en el informe del encuentro, se preguntó “¿Qué justificaciones tiene el Estado Parte para prohibir que los niños participaran en las protestas? Siete de cada diez adolescentes habían informado de que tenían miedo de la policía. ¿A qué se debía esto?”.
Otro de los puntos que preocupan a los expertos de ONU es que los niños y los adolescentes “son víctimas de alrededor del 67% de los casos de violencia sexual. ¿Qué se está haciendo para prevenir la violencia sexual y la revictimización de las víctimas?”, se preguntó en la consulta. En las conclusiones se señala que se celebra la “implementación de la línea telefónica 144, pero preocupados por las reducciones presupuestales asignados a políticas destinadas a reducir la desigualdad de género, el Comité insta al Estado parte a que vele por que todas las denuncias de delitos relacionados con la violencia de género sean investigados de forma independiente y exhaustiva”, dice.
“Preocupados por los altos índices de violencia y abuso sexual durante la infancia y el cierre de la institución encargada de abordar la violencia y el abuso contra niños, el Comité recomienda que el Estado parte desarrolle una estrategia nacional para la prevención de diferentes tipos de violencia y que establezca una base de datos nacional sobre todos los casos de violencia doméstica contra niños, y realizar una evaluación exhaustiva del alcance, las causas y la naturaleza de tal violencia”, añade. También se solicitó que levante el plazo de prescripción para los casos de abuso sexual en la infancia.
La Nación
