Cada semana, jubilados de todo el país salen a las calles a reclamar una jubilación digna que les permita cubrir sus necesidades básicas.
A pesar de ello, el gobierno nacional no solo reprime las manifestaciones, sino que ahora ha decidido no avanzar en la continuidad del sistema de moratorias previsionales, dejando a miles de personas mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.
Este miércoles, Diputados no logró quórum para debatir la prórroga de la moratoria y la ampliación de la cobertura de medicamentos del PAMI. De continuar esta situación, el 69% de las mujeres y el 50% de los hombres no podrán jubilarse a los 60 o 65 años respectivamente, viéndose obligados a recurrir a alternativas insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En un contexto en el que más del 63% de los jubilados son pobres, resulta urgente que el Congreso garantice la protección de este sector vulnerable de la población. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, enfatizó: “¿Por qué castigar a las personas vulnerables? Especialmente, se trata de adultos mayores, quienes, en lugar de disfrutar de los frutos de una vida de trabajo, se ven obligados a salir a protestar cada semana”.
La Acción Urgente busca activar una red de solidaridad global mediante el envío masivo de cartas y mensajes de correo dirigidos a las autoridades argentinas, exigiendo la garantía del derecho a la seguridad social. En Argentina, los varones pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60, con 30 años de aportes o a través de moratorias previsionales. Estas últimas han sido clave para reparar desigualdades derivadas de trayectorias laborales interrumpidas o informales, en un país donde más del 47% de la fuerza laboral trabaja sin registración. Según datos de ANSeS, solo el 30% de las jubilaciones otorgadas en diciembre de 2024 fueron sin recurrir a una moratoria previsional. Si el Congreso no prorroga, los trabajadores sin los aportes necesarios, sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. En febrero, la PUAM se fijó en $218.000 y la jubilación mínima en $273.000, muy por debajo de la canasta básica.
El impacto del fin de las moratorias será especialmente grave para las mujeres, quienes presentan mayores tasas de informalidad.
