La investigación se inició tras un choque en la ruta 68 protagonizado por uno de los motociclistas, quien quedó en terapia intensiva. Su vehículo llevaba paquetes de droga ocultos en el tanque de nafta.
A raíz de un accidente de tránsito producido el 29 de enero pasado, tres hombres fueron arrestados e imputados en Salta por transportar más de 26 kilos de cocaína en motos de alta cilindrada. La investigación penal comenzó luego de un choque protagonizado por uno de los sospechosos en la ruta 68, que conecta la capital provincial con la ciudad turística de Cafayate.
De acuerdo con la acusación fiscal, los detenidos integraban una banda dedicada a trasladar estupefacientes en motocicletas organizadas en convoy. Además, contaban con un auto que cumplía el rol de “coche puntero”, encargado de alertar en caso de postas policiales durante el camino. La pesquisa, que quedó en manos del fiscal Ricardo Toranzos y la auxiliar Carolina Aráoz Vallejo, determinó que en cada viaje llevaban cerca de 30 kilos de droga.
El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, avaló esta semana la legalidad de la detención de dos de los tres imputados. Por otro lado, se prorrogó el avance del proceso contra el tercero, quien aún permanece internado en terapia intensiva debido a las heridas sufridas en el siniestro vial que permitió descubrir la maniobra delictiva.
Según informó este martes el Ministerio Público Fiscal (MPF), el 29 de enero, José Joaquín Durán circulaba a alta velocidad por la ruta 68 en una Corven de alta gama. A la altura del kilómetro 70, en la localidad de La Viña, intentó sobrepasar a un camión Scania y chocó contra su parte trasera. El impacto lo tiró al asfalto, dejando su moto prácticamente destruida como consecuencia de la derrapada. El conductor del camión descendió para ayudar a Durán y observó la llegada de otros dos motociclistas con vehículos idénticos. Ambos recogieron paquetes de la mochila del accidentado y emprendieron la retirada con dirección a la ciudad de Salta.
Poco después, efectivos de Gendarmería Nacional llegaron al lugar y sellaron la escena. Durante la requisa de la moto, encontraron poco más de 6 kilos de cocaína escondidos en el sector del tanque de nafta. Por su parte, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital San Bernando, cerca del centro de la capital salteña, donde los médicos detectaron que presentaba fracturas de pelvis, cadera y brazo izquierdo, entre otras lesiones.
Los representantes del Ministerio Público dispusieron la apertura de una investigación para localizar a los otros dos miembros de la banda. Así fue que agentes de la División de Drogas de la Policía de Salta, en coordinación con la Gendarmería Nacional, iniciaron tareas de inteligencia en la zona. Dos días después del accidente, un dato clave surgió desde un hostal de La Viña. Y es que sus dueños informaron que dos hombres, con motos similares a la de Durán, se habían hospedado en ese lugar y habían salido de allí con la excusa de visitar un balneario.
El 1° de febrero pasado, cuando los sospechosos regresaron para recoger sus vehículos, fueron detenidos por las autoridades e identificados como Cristián Navarro y Leonel Serapio. Según publicó el portal del MPF, ambos llevaban dinero en efectivo y las llaves de las motocicletas, donde luego se hallaron quince paquetes de cocaína en cada una, ocultos bajo los asientos y los tanques de nafta. En total, se secuestraron más de 20 kilos de estupefacientes.
Así las cosas, en una audiencia judicial realizada este lunes la fiscalía esgrimió que los detenidos formaban parte de una red narcocriminal con una logística que operaba a través de un convoy de motos para traficar la droga. Para Toranzos y Aráoz Vallejo, los hechos cometidos por Navarro y Serapio se encuadraron bajo el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Asimismo, solicitaron que ambos quedaran bajo prisión preventiva por un total de 91 días, alegando riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso penal.
La defensa no se opuso a la imputación ni a la solicitud de prisión preventiva, aunque requirió arresto domiciliario para Serapio. El juez Bavio rechazó ese pedido y confirmó la detención de ambos acusados. Sin embargo, en el caso de Serapio, modificó la calificación legal a transporte de estupefacientes simple y redujo el arresto preventivo a 30 días.
En su hipótesis, Toranzos subrayó que la organización encubría a sus transportistas como motociclistas aficionados, aprovechando el movimiento turístico en la ruta 68, un camino de gran afluencia transitado por viajeros y motociclistas en razón de su atractivo paisajístico.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso. Los acusadores solicitaron la realización de distintas diligencias con el fin de identificar a otros integrantes de la banda, como los responsables de manejar el coche puntero.
En su exposición, Toranzos puso de relieve que los acusados, y sobre todo otros implicados de mayor peso, camuflaban a los transportistas como turistas o simples aficionados a las motocicletas en una ruta muy utilizada para esta clase de circuitos, lo que se presentaba -dijo- como una pantalla ideal para ocultar el transporte de droga.
Sostuvo que la investigación es aún incipiente y que restan otras diligencias para dar con el resto de los implicados. Si bien señaló que Navarro y Serapio no serían las mismas personas que dejaron las dos motos, ambos acusados actuaron con dolo al prestarse a una maniobra ilícita, de la cual tenían dominio.
A su turno, y dada la declaración de ambos acusados, en la que, especialmente, Navarro asumió la responsabilidad de la participación de ambos en el hecho, la defensa no presentó objeciones respecto a la imputación ni con el pedido de prisión preventiva, aunque requirió que, en el caso de Serapio, se dispusiera su arresto domiciliario.
Al resolver, el juez rechazó este pedido, declaró la legalidad de la detención de ambos acusados e hizo lugar a la imputación, pero en el caso de Serapio se inclinó por calificar su accionar como autor de transporte de estupefaciente simple y limitó el tiempo de prisión preventiva a 30 días y no a los 91 días que había requerido la fiscalía.
