En estas primeras semanas de agosto se conocerá el informe de las pensiones que por invalidez se otorgaron tanto en Salta como en Jujuy.
El fiscal federal Carlos Amad, en diálogo con Nuevo Diario, señaló que “a raíz de lo que se encontró en Joaquín V. González con el médico que otorgaba certificados, se presentó el informe al Fiscal General Eduardo Villalba, de allí que se determinó la necesidad de ampliar la investigación”.
En este sentido se conformó un equipo, del que forman parte el propio fiscal Villalba y Amad, junto a otras personas que llevan adelante tareas de campo.
Se libraron oficios a los organismos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a la Agencia Nacional de la Discapacidad Social y a otras instituciones, pidiendo informes al respecto. Por otra parte, también se les solicitó se auditen todas las pensiones de Salta y Jujuy, para conocer el estado de las mismas.
Al respecto el funcionario aclaró que las cifras que se manejan son de aproximadamente 58 mil pensiones a la invalidez en toda la provincia de Salta, y de 23 mil en Jujuy.
Como se sabe, el Gobierno Nacional denunció irregularidades en la entrega de pensiones por invalidez, otorgadas durante los años 2020/2023, de allí que se entiende la necesidad de un estudio caso por caso.
Así se pone especial énfasis que las provincias del NOA y NEA serían donde sorprende la cantidad de beneficios otorgados por cada 100 mil habitantes.
Por ello comenzaron a trascender las cifras que dieron las primeras auditorías efectuadas por la ANDIS.
Citaciones
La agencia tiene previsto citar por carta documento a los beneficiarios, quienes deberán presentarse en una oficina de la ANSES o en un hospital público.
Una publicación en el Chaco, Diario Norte, sostiene que los médicos determinarán el grado de discapacidad de cada persona, mientras que también se cruzará información para revisar su perfil socioeconómico.
Entre los requisitos que se conocen para acceder a una pensión por invalidez, los beneficiarios no solo deben encontrarse imposibilitados para trabajar, sino que deben encontrarse en una situación económica de vulnerabilidad.
Quienes no se presenten ante la convocatoria perderán la pensión que actualmente alcanza los $216.000, ya que incluye una suma básica de $146.000 por el 70% de una jubilación mínima y 70.000 de un bono.
En Taco Pozo, Chaco, de acuerdo a lo que se había investigado de 2.559 casos auditados médicamente sólo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos.
Con esas cifras es de suponer que en Salta la cifra también pueda alcanzar a un 60% aproximado de beneficios mal otorgados.
Con las cifras que se van mostrando en Salta, existen 58.223 beneficiarios, lo que hace suponer 4.010 cada 100.000
Así se entienden que en las regiones NEA y el NOA se están concentrando el 58% de pensiones del país, lo que llamó la atención de los fiscales y de la agencia.
