Las denuncias en la Justicia federal de Salta toman relevancia con un proyecto del Ministerio de Justicia de la Nación.
"Acompañar". Así se llamaba el prolgrama de acompañamiento a las víctimas de violencia de género creado el 20 de setiembre del 2020 por el gobierno de Alberto Fernandez con un fin loable, pero bajo un absoluto descontrol. Se trataba de un acompañamiento integral a las mujeres que podían acceder al pago de un salario mínimo vital y móvil, por encontrarse en situación de violencia de género.
La objetivo del programa buscaba que aquellas mujeres víctimas de este flajelo, dejaran de depender de quien las sometía, por el solo de hecho de no contar con otro sustento económico en caso de denunciar a su agresor. El programa preveía acceso a dispositivos de fortalecimiento sicosociales y la entrega y distribución debía estar a cargo de los gobiernos provinciales y municipales. Como era compatible con otros programas como la AUH, muchas mujeres podían acceder a esta ayuda que otorgaba la Nación. Al igual que varias comunas, apenas lanzado el programa, la Oficina de la Mujer de Tartagal lo implementó y lo amplió a Mosconi, Aguaray o Salvador Mazza.
Primeros indicios, en Tartagal
Los primeros indicios del desmanejo se dieron en Tartagal, primero con comentarios en redes sociales, luego en los medios de comunicación locales y finalmente en la justicia. Fueron las mismas beneficiarias que, cansadas de la presión que sobre ellas ejercían quienes administraban el programa, las que terminaron poniendo blanco sobre negro la maniobra: Desde la oficina municipal, se buscaban a mujeres que se prestaran a la maniobra. Se las acompañaba a que realizaran una denuncia falsa de violencia de género y con eso se iniciaba el expediente. Como la encargada de la oficina, la exdirectora de la Mujer, Carla Cordero, tenía acceso a las claves de ANSES, cargaban los expedientes y a las pocas semanas las mujeres comenzaban a cobrar el beneficio. Pero "el detalle" era que parte del mismo subsidio quedaba entre las mismas gestoras. En ese momento las beneficiarias percibían 50 mil pesos y 10 mil debían quedar entre las que llevaban adelante la maniobra.
La declaración que desató el escándalo
"Yo soy víctima de violencia de género pero no había hecho la denuncia en la Policía pero me enteré que había una mujer de la municipalidad, Sandra Dominguez de la oficina de Carla Cordero que funciona en la terminal, que anotaba para tener este beneficio; en mi caso como no tenía denuncia para darme el beneficio, tenían que hacerme una denuncia falsa. A cambio de eso yo tenía que entregarle $10.000 cada vez que yo cobrara. Yo solo tenía que darle los datos míos y del agresor y ellos hacían todo" fue la primera de las declaraciones que una mujer le hizo al periodista local Julio Nogales y que desató el escándalo.
A este testimonio se sumaron otros, primero de forma anónima pero a la semana muchas mujeres se animaron a dar sus nombres. La maniobra espuria se completaba cuando después de 6 meses, las mujeres eran pasadas a otros programas sociales que no tenían caducidad; eso siempre que las "golpeadas" pagaran durante todo ese tiempo ese porcentaje a sus gestoras; si se negaban, se las daba de baja.
El proyecto para penalizar la mentira ante la Justicia
Hasta el momento y pasados más de 2 años, la Justicia federal nunca avanzó con el tema y tampoco se dio a conocer cuántas fueron las "víctimas" que cobraron el subsidio y compartieron con las funcionarias de turno.
Esta semana la comisión de Justicia y Asuntos Penales presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) recibió al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para tratar un proyecto de ley de autoría de la senadora Carolina Losada (UCR) y otros, que modifica el Código Penal de la Nación, sobre falsas denuncias. La autora del proyecto explicó que el mismo "apunta a que la denuncia verdadera tenga lugar y todos los recursos apunten a esa denuncia" y tiene que ver con penalizar a la mentira, la estafa contra la justicia, y con que la justicia sea realmente más transparente y sea equitativa e igual para todos".
El ministro de Justicia señaló que "la falsa denuncia no solo daña a la víctima, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones; no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal ni a la policía. Tampoco utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero.Tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente", apuntó.
En ese momento en Tartagal las propias mujeres viralizaban los audios de la responsable de la Oficina de la Mujer de la administración municipal cuando literalmente ya envuelta en llamas aleccionaba a una de sus secretarias para que no revelara el modus operandi del grupo: "Mentí, Sandra, mentí!!!!"
Presentan pedidos de investigación
La Diputada Nacional Virginia Cornejo presentó denuncia al fiscal federal Eduardo Villalba pidiendo que se investigue y solicitando se adjunten las denuncias de las damnificadas.
Por su parte los entonces concejales de Tartagal Nicolás Arce, Ernesto Restom y Elba Rodas, presentaron denuncia en el Escuadrón 52 de la Gendarmería señalando a la directora de la Mujer Carla Cordero y a su secretaria Sandra Dominguez como responsables.
