El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada ayer la investigación penal seguida en esta jurisdicción contra 8 de 20 gendarmes detenidos.
Los uniformados fueron detenidos el miércoles pasado en el marco de una investigación conjunta entre el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Salta y el fiscal federal Agustín Chit, de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán.
A diferencia de la vecina provincia, aún bajo las previsiones del sistema mixto, el fiscal general, Carlos Martín Amad, avanzó con la imputación, en este caso, por asociación ilícita en concurso real con el delito de exacciones ilegales y por ser cometido en provecho propio.
Esta acusación se formalizó contra Raulo Portillo, Pablo Méndez y Olga Daiana Rodríguez, (cabo primero); Matías Daniel Aranda, Rubén Rodríguez y Nelson Bautista (sargento) y Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez (gendarme). En el caso de los acusados detenidos en Tucumán, el fiscal federal Agustín Chit, quien también intervino en la audiencia, informó que en el curso de la próxima semana se avanzará con las indagatorias de los acusados de esa jurisdicción.
El magistrado, también a pedido de la fiscalía, dictó la prisión preventiva de todos los acusados, declaró el caso complejo, autorizó una serie de pericias pendientes y también el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de todos los imputados.
Al presentar el caso, la auxiliar fiscal Roxana Gual explicó que la investigación se inició el 26 de septiembre del 2023 a partir de denuncias anónimas, en su mayoría de comerciantes que viajan en los denominados tours de compra desde Tucumán a Bolivia.
Las denuncias, según agregó, apuntaban a gendarmes que prestaban servicios en los puestos de control de Gendarmería Nacional ubicados en El Naranjo, en Salta y Trancas, en Tucumán. “Por favor hagan algo con los milicos coimeros que nos sacan plata”, reclamó el primer denunciante.
Otro, en tanto, contó que los gendarmes le habían pedido 50 mil pesos a cambio de dejarlo pasar con mercadería de contrabando, pero como se negó le hicieron un acta simple y le retuvieron unas cubiertas, actuaciones que los gendarmes evitaron remitir a la fiscalía, pues la maniobra podía quedar al descubierto.
Gendarme arrepentido
Las exigencias de dinero de parte de los gendarmes se repetían desde que los micros emprendían el regreso desde la ciudad de Orán, aunque sí aumentaban significativamente el valor en los dos puestos fronterizos, entre Tucumán y Salta. El fiscal Chit destacó la denuncia realizada en su jurisdicción por un gendarme que se presentó ante sus superiores y entregó una suma de dinero que fue obligado a recibir por parte de sus camaradas. Según reveló, la plata era producto del cobro de coimas que sus compañeros exigían a los tours de compras. Sostuvo que las denuncias, tanto en Salta como en Tucumán, son similares y dan cuenta de “un entramado de corrupción dentro de una fuerza federal”.
Los uniformados fueron capturados en El Naranjo
En función de las tareas de campo e inteligencia realizadas, la fiscalía avanzó con una serie de allanamientos y detenciones, tanto en los puestos de control de ambas provincias, como en los domicilios particulares de los gendarmes.
Producto de ello, en El Naranjo, dependiente del Escuadrón 45, se procedió a la detención de los ocho efectivos imputados, como así también se secuestró una suma de 6.179.380 pesos y 200 dólares, plata que fue hallada en el ámbito de resguardo de los acusados.
El dinero estaba conformado por billetes de baja denominación y estaba oculto, ya sea en bolsos, mochilas o en bolsas plásticas. En algunos casos, se encontró fajos de dinero ocultos en la funda de armas reglamentarias, en el yerbatero, o bien, en el resumidero y detrás de la mochila del baño.
Por otra parte, informó que también se allanaron las casas de los acusados, donde también se procedió al secuestro de dinero, documentación, teléfonos celulares, PC y otros dispositivos de memoria. En el caso de Portillo, por ejemplo, se incautó una suma de 2 millones de pesos.
Asimismo, se reveló que, al realizar el procedimiento, María Laura Rodríguez le habría pedido a Olga Rodríguez, su compañera de cuarto que no diga nada, ya que ambas eran madres, lo cual jugaría a su favor en el proceso penal abierto en su contra.
El fiscal Amad fue contundente al señalar que los acusados conformaban una asociación ilícita criminal, la que tenía como fin la apropiación de dinero de manera ilegal. “Tenían una ganancia de un millón de pesos por día”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien también remarcó que “ninguno de los acusados podía justificar la gran cantidad de dinero secuestrado”.
