Los docentes que hubieren sido condenados por delitos dolosos mediante sentencia firme, y más aún aquellos que tengan condena o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual, en los que hubieran sido imputados, serán excluidos de las titularizaciones. Así lo resolvió la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, mediante el artículo 7, inciso F de la resolución 15 publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.
Seguidamente, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) emitió un comunicado en el que cuestionó firmemente la resolución. El mismo expresa que: "Se vulneran los derechos, el principio constitucional de presunción de inocencia en los requisitos exigidos, establecidos como condición ineludible por el Gobierno provincial para acceder a la titularidad en cargos y horas cátedra".
Y añade: "Es por todos conocido que la presunción de inocencia consolida el derecho del debido proceso, sin que se anticipen sanciones que afecten, en el caso de los docentes, otro derecho: el de la estabilidad laboral y carrera docente ".
Desde el gremio, aseguraron que comunicaron al gobierno escolar su oposición a la implementación de este requisito.
"La resolución habla de dos tipos de delitos"
"Nosotros hacemos una presentación cuando nos consulta el Gobierno a partir de la letra de la resolución, o sea, sobre el borrador. Expusimos que consideramos que es inconstitucional lo que está sucediendo, porque acá la resolución habla de dos tipos de delitos. Los delitos dolosos, o sea, con intencionalidad, que tienen sentencia firme. Es decir, que ya han pasado todas las instancias y que ya no hay otra instancia de apelación. En el caso de ser culpable, por supuesto, ya no le corresponde el derecho a titularizar. Pero también en la resolución se habla y se hace una discriminación de los derechos que tienen que ver con la integridad de las personas. Y así no necesita, aclara la resolución, sentencia firme, sino que está en una instancia de imputación. Es decir, el juez ha determinado que hay algunos indicios en donde podría caber una sanción pero simplemente con la imputación quiere decir que el proceso legal no se ha cumplimentado", argumentó la secretaria general de Sitepsa, María Victoria Cervera.
Piden reserva del cargo
Y agregó: "Allí es donde nosotros observamos que hay una violación al principio de inocencia de todas las personas que está establecido en la Constitución, y que no debería ser de esta manera. Por lo tanto, Sitepsa sugiere y solicita, en el caso de haber una situación de esta, donde un docente tenga todas las condiciones para titularizar y esté imputado, se le haga reserva del cargo hasta que la Justicia determine si es inocente o si es culpable porque sino se vulnera ese derecho".
Precisó que piden una suspensión hasta tanto la Justicia determine. "Eso puede llevar el tiempo que sea, pero se resguarda el derecho laboral de ese docente", manifestó.
Al ser consultada sobre cual fue el origen o motivo de esta reglamentación, Cervera respondió: "hubo un tratamiento en la Legislatura en donde se ha establecido, ante algunos casos que han sucedido en el ámbito del sistema educativo, pero no se puede sobrepasar determinados derechos que tenemos todas las personas. ".
Y anticipó que desde Sitepsa actuarán en los casos particulares en los que un docente haga el requerimiento al sindicato.
"De manera particular intervendremos para defender los derechos de ese trabajador y haremos todo lo que corresponda legalmente para garantizar los derechos de esa persona. Lo que nosotros no estamos diciendo es que se lo titularice de manera inmediata, sino que se dé el tiempo para que la Justicia dilucide y defina la inocencia o la culpabilidad", aseguró Cervera.
Sin antecedentes
Ya en diciembre pasado el Ejecutivo había oficializado la ley a través de la cual se establece que el personal docente o no docente que se desempeñe en establecimientos educativos deberá carecer de antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual. Fue promulgada como Ley 8471, a través del Decreto 874 que se publicó en el Boletín Oficial con la firma del gobernador Gustavo Sáenz, la ministra de Educación, Cristina Fiore y la Secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo.
Piden bono e incentivo
Los gremios de la Administración Pública Provincial pidieron al Gobierno un bono extra para febrero y la continuidad del Fondo Compensador Transitorio Docente, en el marco de la apertura de las negociaciones salariales 2025. Este fondo, que reemplaza al incentivo docente que el año pasado dejó de abonar la Nación, podría renovarse si la Provincia asume nuevamente el compromiso de pagarlo este año. Ministros y funcionarios provinciales encabezaron recientemente la primera reunión, donde presentaron el panorama económico local y escucharon las demandas sindicales. La propuesta salarial del Ejecutivo será presentada el jueves próximo, mientras que las mesas sectoriales comenzarán con Educación el miércoles 22 de enero. Las de Salud y Centralizada están previstas para el 29 del corriente.
