Tras la suspensión de las clases presenciales en la escuela Domingo Faustino Sarmiento por los reiterados casos de alumnos que sufrieron mareos, desmayos, vómitos y dolor de cabeza dentro de la institución, la Justicia ordenó levantar la clausura preventiva que había solicitado la fiscalía. En consecuencia, la decisión de la jueza de Garantías, Ada Zunino emitida en la tarde de ayer, dispuso "ordenar el levantamiento de la clausura provisional" que pesaba sobre el edificio.
Según pudo establecer El Tribuno, la decisión -que no figura en la resolución judicial- se tomó en base a estudios científicos y específicos aportados por el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) que determinan la ausencia total de problemas edilicios, conexiones defectuosas, escapes cloacales o acumulación de monóxido de carbono, razón por la cual el edificio está en condiciones de retomar las actividades en forma normal.
Tras el último caso de alumnos que sufrieron la sintomatología el martes pasado, la fiscalía había pedido la clausura preventiva del establecimiento por 72 horas, las que debían cumplirse hasta hoy. Pero pese al levantamiento de la medida, hasta anoche se suponía que las clases se retomarían recién el próximo lunes.
Con el informe del CIF, que se dará a conocer en las próximas horas, se descartaron problemas edilicios, por lo que la investigación podría apuntar a otras hipótesis. En ese sentido llama la atención que los casos reiterados se dieron con alumnos de dos aulas de la escuela.
Ayer, las autoridades educativas acordaron con integrantes de la comunidad educativa del establecimiento la puesta en marcha de un Plan de Vigilancia Epidemiológica para resguardo que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024. El plan consiste en la creación de una Unidad Centinela de Intoxicación-Exposición al Monóxido de Carbono y otros posibles eventos que puedan surgir en la escuela.
Estarán a cargo de esa unidad centinela personal de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud y del Primer Nivel de Atención del Hospital Público Materno Infantil. Las responsables son las médicas Vanina Galván (MSP) y María Castillo (HPMI).
La Unidad Centinela hará un diagnóstico de situación y, posteriormente, confeccionará un plan de comunicación de vigilancia permanente con la comunidad educativa que se difundirá por diferentes vías.
Luego, se implementará la aplicación "EDU-Salta", que es la que se utilizaba en la pandemia, para notificar a pacientes (sean estudiantes o docentes) que registren algún síntoma compatible con la intoxicación por monóxido de carbono. Para ello se instruirá a personal de los hospitales y de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica.
También, se hará una encuesta virtual a toda la comunidad educativa para indagar si tuvieron signos y/o síntomas similares a los que presentaron los afectados, quince días antes de los eventos del 16 y 27 de agosto. (Con esos datos se elaborará un informe y se sistematizará el resultado de la encuesta).
Por otra parte, se planificarán capacitaciones sobre la problemática, como también sobre enfermedades transmitidas por alimentos.
Cabe mencionar que las clases se venían desarrollando de manera virtual.
