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En medio del pedido de mayor austeridad por parte del gobierno nacional, este año no habrá bono de fin de año para jubilados, empleados públicos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Vale recordar que en 2016 se otorgó ese plus salarial para calmar los ánimos de la CGT por la ley antidespidos, que finalmente fue vetada. En esa oportunidad, el Gobierno desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Sin embargo, desde la Casa Rosada consideran que este año es distinta la situación ya que “no hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe‘.
En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa.
Sí habrá un plus salarial para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200.
En total, el Gobierno destinaría unos $ 900 millones que ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
“No vamos a enviar un solo peso más”, avisaron en Casa Rosada. Empoderado, el ex ceo y fundador de Farmacity no hace excepciones ni siquiera con los ministros favoritos de Macri, según informa Clarín.
¿Cómo se explica el bono para las organizaciones sociales? Se trata, en definitiva, de un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional.
Por lo pronto, los movimientos sociales insistirán con un reclamo emblemático: buscan comprometer al Ejecutivo para que declare la Emergencia Alimentaria. Esa discusión, con desenlace incierto, comenzará este semana: el viernes las organizaciones desembarcarán en Desarrollo Social. Serán recibidos, en principio, por Sofía Torroba, jefa de Gabinete de la Secretaría de Economía Social, la interlocutora con las organizaciones por este tema. Y no descartan que se sume la ministra Stanley